ANTE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL
Al pueblo de Dios,
a los legisladores y autoridades,
a todos los hombres de buena voluntad
1. Los obispos argentinos reunidos en la Asamblea
Plenaria queremos recordar algunos criterios con la
intención de contribuir a que la nueva Ley de
Educación Nacional, de próxima sanción, sea un
instrumento eficaz para la formación de las futuras
generaciones de argentinos y, por tanto, para el
bien común de la Patria.
2. La educación es un bien público y es también un
bien personal y social. Todos, sin exclusión alguna,
tienen derecho a una educación de calidad. El
Estado, por su parte, para sostener y respaldar la
libertad de enseñanza garantizada por la
Constitución Nacional, mantiene y preserva un único
sistema de educación pública con dos subsistemas: el
de gestión estatal y el de gestión privada.
3. El rol principal y subsidiario del Estado debe
conjugarse con el derecho natural e inalienable de
los padres a elegir para sus hijos una educación que
responda a sus propias convicciones y creencias, sin
discriminación alguna. Resulta irrenunciable
sostener el principio de libertad de conciencia como
un derecho de las familias, de los educadores y de
los educandos.
4. Una concepción integral de la educación incluye
necesariamente la dimensión trascendente del hombre.
Nuestros niños y jóvenes merecen una Ley de
educación que contemple en plenitud las aspiraciones
de la persona, que no sólo se expresa en su
dimensión social, laboral y científica, sino que
busca las alturas de un horizonte cultural,
espiritual y religioso. En este sentido, aspiramos a
que una ley de educación para todos los argentinos
dé la posibilidad a cada educando de conocer, amar y
creer en Dios, Creador y Padre de todos.
5. El sentir común de la sociedad es que la escuela
en Argentina esté al servicio de un desarrollo pleno
del hombre como persona en sus dimensiones física,
intelectual y afectiva, sociocultural, espiritual y
religiosa, sin descuidar el aspecto laboral y
comunitario. La educación constituye el fundamento
indispensable de una sociedad más justa y solidaria
que se sustenta en los valores de paz, libertad,
igualdad, solidaridad y búsqueda del bien común.
6. La educación es para todos, y todos tienen
derecho a iguales oportunidades. Corresponde al
Estado, sobre la base del principio de justicia
distributiva, financiar de manera equitativa tanto
la educación de gestión estatal como la de gestión
privada. Por otra parte, la necesidad real de
superar un sistema educativo fragmentado no debe
justificar una intervención excesiva del Estado
Nacional sobre las autonomías provinciales.
7. Ante la inminencia del tratamiento de la Ley de
Educación en el Congreso de la Nación, rogamos a
todo el pueblo de Dios, a los hombres de buena
voluntad, especialmente a los padres de familia y a
los educadores, que se comprometan a sostener los
principios que hemos recordado y a los cuales han
adherido más de trescientas cincuenta mil personas,
muchas de ellas pertenecientes a distintos credos y
otras instituciones. Consideramos que los mismos son
fundamentales para que la nueva Ley sea el
instrumento adecuado en orden a construir una
Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y
el compromiso por el bien común.
8. A las autoridades que intervienen en la
elaboración y sanción de la ley les solicitamos que
asuman estos principios y los incluyan en el
contenido de la misma.
9. Pedimos a todas nuestras comunidades que recen
insistentemente para que Dios, el Señor de la
historia, ilumine a quienes tienen la grave
responsabilidad de sancionar esta Ley, y
encomendamos de un modo especial estas intenciones a
Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Patria.
Pilar, 10 de noviembre de 2006
Los Obispos de la Argentina